31 % de los funcionarios que aplica a convocatorias del Estado creen que estas no son transparentes
Mientras el 80 por ciento de los colombianos tienen poca o ninguna confianza en los funcionarios públicos, en las evaluaciones de desempeño que hacen las entidades del Estado todos pasan sobrados, con calificaciones superiores a 90/100.
El Estado cambió, pero su fuerza laboral, en general, se quedó estática, anquilosada en el viejo esquema del servidor público que solo cumple horarios, reglas y manuales de funciones que, a veces, nada tienen que ver con la realidad laboral que se exige de ellos.
La meritocracia para proveer cargos públicos por concurso existe por mandato constitucional, pero en la práctica no ayuda a que el servicio público sea mejor. Los mismos funcionarios, que tienen que concursar para obtener un ascenso, perciben que las convocatorias no son transparentes (31 % lo cree así), y 3 de cada 10 consideran que no han servido para mejorar el desempeño de la entidad.
Estos son algunos de los resultados de la investigación realizada por la Universidad de los Andes, financiada por la Esap, Colciencias y el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp); este último, empeñado en adoptar una nueva política pública de empleo, según explicó su directora, Liliana Caballero, quien además defendió la fuerza laboral estatal. “Según mediciones recientes, 97 por ciento de servidores públicos no tienen quejas en la Procuraduría”.
El diagnóstico de la Universidad de los Andes, entre tanto, señala que la gestión de recursos humanos en lo público ni siquiera facilita las cosas para que el funcionario sepa si está haciendo mal o bien su trabajo. La evaluación sobre la calidad laboral es apenas un formalismo.
Las oficinas de personal se concentran en temas operativos, como el pago de la nómina, aprobación de vacaciones e incapacidades, pero tienen poca injerencia en estrategias organizacionales. En consecuencia, el empleado estatal está poco motivado, atado a un puesto que no le deja espacio para ascender, por lo que los buenos, ante una oportunidad se van y no hay formas de retenerlos. En contraste, hay dificultades para desvincular a servidores con bajo desempeño laboral.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada de hacer los concursos, solo cuenta con 56 personas en la planta y 140 contratistas. Esto, y las normas que establecen que hay que hacer licitaciones para elegir la universidad que hará las pruebas, encarece el costo del concurso (de 3, a $ 30 millones por cargo) y alarga el trámite (un concurso en la Dian duró 5 años). Por consiguiente, las entidades que necesitan el personal terminan contratando a dedo, y el tamaño del servicio público aparece reducido (el segundo más pequeño en América Latina después de Chile), pero lo que hay es una abultada contratación por prestación de servicios, que favorece el uso de los puestos públicos con fines políticos y electoreros.
Cerrar esos atajos para modernizar el servicio público, integrado por 1’166.517 personas, es el objetivo para el cual el Dafp contrató el estudio de Uniandes. “Ya veníamos trabajando en ello porque tener un servicio público moderno es una prioridad. En el Plan de Desarrollo se propuso que los concursos se hagan a través del Icfes y que los precios de estos sean estandarizados con acuerdos marco de precios, entre otras estrategias para mejorar”, concluye Liliana Caballero.