Autoridades siguen la pista a varias redes que han incrementado acciones delictivas en cuarentena
El ICBF abrió 94 procesos administrativos para restablecer los derechos de menores explotados sexualmente con fines comerciales.
“Lo primero sospechoso fue encontrar a tres jovencitas en la calle, juntas y en pleno 9 de mayo, cuando el aislamiento estaba en su etapa más restrictiva, deambulando solas. La más grande tenía 14 años. Nosotros estábamos repartiendo mercados y decidimos seguirlas. Cuando se dieron cuenta nos preguntaron si éramos policías, y después de asegurarse de que no era así pidieron ayuda”.
Víctor es un comerciante antioqueño que tiene una fundación que apoya a población vulnerable en Medellín.
Y el caso de estas tres niñas lo tiene golpeado emocionalmente. Las menores decidieron contarles a él y a su esposa que “un amigo empresario” las contactó para ir a una finca a hacer un trabajo el fin de semana.
La niña mayor sabía para qué era, porque ya había estado en enero allí, pero sus primas de 12 y 13 años no. Llevarlas, como le pidió el “amigo empresario”, les significaba tener mercado para por lo menos 15 días.
De esa necesidad se valió el hombre que, al parecer, maneja una red de explotación sexual comercial de niñas en el valle de Aburrá.
Víctor solo pudo persuadirlas de no acudir a la cita y le dio un mercado a cada una. Sin embargo, es consciente de que desde el 9 de mayo a hoy, todo pudo haber pasado, y más con la crisis que está afrontando el país.
Este es uno de las decenas de casos que las autoridades están rastreando en medio de las medidas de confinamiento, que ya ajustó 87 días. Tan solo entre enero y abril de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió 94 procesos administrativos para restablecer los derechos de menores explotados sexualmente con fines comerciales.
Y entre el primero de enero y el 9 de junio de este año, la Policía Nacional ha atendido 489 casos, pero el subregistro es amplio por la falta de denuncia. Sin embargo, la colaboración de la ciudadanía ha sido clave para identificar los focos donde se están moviendo las redes de tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes.
Explotación disfrazada
Eso fue lo que permitió que el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional desmantelara una red dedicada a este delito en el Meta, el pasado 27 de mayo.
La operación se desarrolló en un establecimiento de Villavicencio. El lugar funcionaba bajo la modalidad de servicios webcam, en los que varias menores de edad eran víctimas.
Las alarmas se encendieron cuando, semanas antes, los vecinos del barrio empezaron a notar que varias jóvenes ingresaban a una vivienda residencial a distintas horas del día. Un hecho extraño, además en pleno confinamiento por el covid-19.
Sumado a esto, la casa de dos pisos, cuyas ventanas estaban totalmente cubiertas, despertó sospechas en la comunidad, por lo que llamaron a las autoridades. Esa fue la primera alerta que le llegó a la Policía de la ciudad.
El investigador que participó en el seguimiento señala que todo era muy extraño, y por eso, durante varios días, se hicieron las tareas de vigilancia y verificación. Cuando allanaron la vivienda encontraron cinco habitaciones desde las que se transmitía en vivo servicios de modelaje webcam; también encontraron a cinco mujeres mayores de edad. Pero además, “en otra habitación estaba una menor de 15 años con un hombre de 20 años, teniendo relaciones sexuales y transmitiendo en vivo”, manifestó el oficial de la Policía que participó en el allanamiento.
En otra habitación estaba una menor de 15 años con un hombre de 20 años, teniendo relaciones sexuales y transmitiendo en vivo
Las autoridades lograron establecer que las menores que se encontraban en el lugar eran engañadas y coaccionadas para explotarlas sexualmente. El número total de víctimas no se ha podido determinar, pues, de acuerdo con las autoridades, las mujeres “no están dispuestas a hablar por miedo a represalias”.
La administradora del lugar, quien fue capturada, apenas tiene 24 años, y el reclutador de las menores es un hombre de 19 años. Ahora enfrentan cargos por pornografía con persona menor de 18 años, estímulo a la prostitución con persona menor de 18 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
La segunda parte del seguimiento está encaminada a determinar si esta red tiene otros establecimientos en Bogotá y otras ciudades del país. “A partir de este operativo, las personas han tenido mayores sospechas en ciertos casos. Por eso hemos recibido más llamadas con el fin de verificar si también está ocurriendo este flagelo con menores de edad en otros lugares de la ciudad”, señaló el investigador.
Lo claro es que también hay denuncias en Cartagena y Bogotá, donde las redes, además, están ofreciendo sexo a domicilio a través de números de WhatsApp. Lo más complejo es que la mayoría son menores de edad.
“Quieren amparar la explotación sexual en supuesta prostitución voluntaria de mujeres mayores, pero tenemos información de que están comerciando con niñas”, le indicó a una de las fiscales que están tras la pista de las redes.
Lo más difícil es combatir un delito que se sigue amparando bajo la justificación errónea de ‘prostitución infantil’, que les pone toda la carga a las niñas y niños víctimas, y no a quienes los están explotando.Acciones urgentes
La procuradora delegada para la Defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, familia y mujeres, Adriana Herrera, señala que la entidad ha estado atenta al tema en los últimos años, con un trabajo muy dedicado a contrarrestar la explotación sexual comercial de menores. “Son muchos los retos que tenemos como país frente a esta temática. Sin embargo, ninguna acción es suficiente ni puede detenerse o postergarse cuando se trata de la protección y la garantía de la dignidad humana”, dice.Mapa de las audiencias