Charlotte Laws, de 53 años, fue actriz. Su hija Kayla (en el retrato) también actúa.
Habla la abanderada de la lucha contra publicación no consentida de material íntimo en Internet.
La reciente ley aprobada en California contra quienes suban a Internet fotos o videos íntimos de otras personas, sin autorización (y en muchos casos por represalias), hace parte de una campaña que busca impulsar la creación de normas específicas que regulen este tema.
La Ley SB 255, contra la llamada pornovenganza, promovida por el republicano Anthony Cannella, solo contempla una pena de 12 meses de prisión, pero es un importante primer paso en la penalización de este delito, considerado “levemente menor que una violación” por la exrepresentante demócrata Charlotte Laws, quien ayudó a redactarla.
“La pornovenganza es un tipo de violación y debe castigarse con una pena menor que una violación física, pero no menos sustancial”, argumenta ella.
Laws admite que la nueva ley estipula una pena muy baja, pero explica que se planteó como delito menor para que no la ‘colgaran’. “Es un principio sólido de algo más amplio. Ahora se puede enmendar y convertirla en ley federal, para que abra las puertas a la colaboración entre gobiernos y policías, de manera que estos delitos se castiguen en todo el mundo”, afirma.
En su opinión, una ley federal no solo frenaría esta conducta, sino que les quitaría la inmunidad penal a los operadores de sitios web, amparados por la sección 230 de la Ley de Comunicaciones.
Exempleada del FBI, con dos maestrías, un doctorado en ética y un posdoctorado de Oxford, Laws es la gran abanderada contra la pornovenganza en Estados Unidos. Se inició como activista después de que su hija Kayla fue hackeada: una foto semidesnuda, que guardaba en su correo y que fue robada y publicada en la red, casi le destroza la vida.
Laws investigó, ubicó al hacker y logró que cerrara el sitio web donde exponía, junto con la de su hija, las fotos de varias mujeres. Pero se convenció de que solo una ley detendría estos delitos. Consiguió que aprobaran la ley estatal y ahora dice que no descansará hasta hacerla federal y hasta que la justicia establezca una pena proporcional a los daños ocasionados por estos atropellos. “Subir fotos o videos íntimos a Internet, sin el consentimiento de las personas, amenaza su vida física, social y emocional, y eso debe castigarse”, dice.
Esta mujer, que dirige una ONG de servicios legales de bajo costo, es considerada como la Erin Brockovich de la pornovenganza, en referencia a su famosa compatriota que fue fundamental en una demanda contra la empresa californiana Pacific Gas and Electric Company en 1993, por la contaminación de agua potable con cromo. Pero pese a la gravedad de lo que pasa hoy en la red, no hay estadística sobre las víctimas de estas agresiones. “Los afectados se ocultan, no quieren que nadie se entere ni que las vinculen con fotos comprometedoras. Tienden a actuar como víctimas de una violación y se cierran al mundo. Por esa razón acuñé el término ‘violación cibernética’ para describir a las víctimas de la pornografía no consensual”, dice Laws.
Lo que sí se sabe es que el problema perjudica a personas de todos los estratos sociales, géneros y edades. “He encontrado parapléjicos, maestros, ciegos, mujeres jóvenes, de mediana edad, con hijos; niños, ejecutivos y a una iraní aterrorizada porque sus fotos en topless, que alguien subió a Internet, le podían significar morir apedreada”, relata la activista.
Miles de personas, sobre todo mujeres, han padecido la pesadilla de ver expuesta su intimidad en el ciberespacio. “Y en una sociedad machista, una acción de tal vileza destroza, automáticamente, la integridad moral y la respetabilidad de una mujer”, agrega Laws.
Algunas víctimas se han suicidado y cientos han tenido que cambiar de nombre, dirección y teléfono, han perdido sus empleos, enfrentado el rechazo de familiares y amigos, o han sido sometidas al aislamiento. Laws, que ha conocido a más de un centenar de afectados y que escribe un libro sobre el tema, recuerda que en EE. UU. se quitaron la vida por este motivo Audrie Pott y Rehtaeh Parsons, y resalta que conoce “personas que han considerado el suicidio y que han sufrido severas y, a veces, irreparables lesiones emocionales”.
Menciona, por ejemplo, el gran daño y el miedo padecidos por una profesora de Kansas, de 40 años, que tuvo que cambiarse de estado para protegerse a ella y a sus hijos, y evitar que su exmarido le quitara la custodia.
Cuenta que la maestra fue despedida sorpresivamente, sin que ella conociera el motivo, después de que fotos íntimas suyas fueron subidas a la red por un exnovio que se enteró de que se iba a casar. Individuos que las vieron empezaron a bombardear al consejo escolar, al director y al personal de la escuela con las imágenes en las que aparecía desnuda, acompañadas de mensajes como ‘despidan a esta puta’.
En Colombia son famosos los casos de la actriz Luly Bossa y la presentadora Ana Karina Soto, que sufrieron la pesadilla de ver su intimidad expuesta en Internet.
La justicia no se entera
Expertos sostienen que el miedo al escándalo, la falta de dinero para entablar un juicio y el temor a señalamientos y a que se ponga en duda su inocencia hacen que la mayoría de las víctimas no recurra a la justicia.
EL TIEMPO conoció el caso de unas colombianas que pasaron un fin de semana en una finca y, como estaban solas, tomaron el sol en topless. Alguien hizo fotos para enviarlas después como recuerdo, pero su computador fue hackeado, las imágenes fueron robadas y todas terminaron en webs pornográficas. “Nos indignamos, pero el miedo nos paralizó. No queríamos escándalos, perder el trabajo ni someternos a bromas de mal gusto”, confesó una de ellas.
Colombia, Brasil y México son los países de América Latina donde se cometen más delitos informáticos. Aunque la ley castiga con prisión a quien trafique información digital sin permiso (ver ‘¿Qué dice la ley en Colombia?’), expertos estiman que en nuestro país debe hacerse algo más específico y severo contra la pornovenganza.
“Quien comete una acción tan vil como esta, más que un canalla es un delincuente que merece pagar por lo que ha hecho”, opina la abogada Fernanda Ramírez, quien resalta que, en la mayoría de los casos, los autores son hombres.