El proyecto, al que solo le resta debate en plenaria de Cámara, sacaría 10.677 normas del ordenamiento jurídico.
En promedio, 15 normas se expiden por día en el país.
El aumento del precio de la sal, la promoción del telégrafo y la masificación del servicio de correo en el país hacen parte del paquete de normas que aún están en el ordenamiento jurídico del país, aun después de 150 años de expedirse.
Y aunque estos son apenas algunos ejemplos, en total son más de 10.000 los documentos de este tipo que hacen parte del paquete normativo que ‘está en firme’ en el país, y que muchas veces confunde a las personas, ya que muchas chocan con otras, ya perdieron vigencia o simplemente son obsoletas, debido al paso del tiempo.
El Congreso sabe de esta problemática y por ello está apunto de aprobar un proyecto de ley que eliminaría de tajo las 10.677 normas que, a juicio del Gobierno y el Legislativo, ya no tienen por qué hacer parte del ordenamiento jurídico de la Nación.
Este propósito, que viene desde el gobierno anterior, tiene todo el respaldo de la actual Administración para salir adelante, ya que iría de la mano con la reducción de trámites innecesarios, dándoles seguridad jurídica a los empresarios y, en general, a todos los colombianos.
CAMINO LIBRE
De hecho, en el informe de ponencia para cuarto debate de este proyecto, los congresistas a cargo señalaron que su objetivo primordial “es decidir la pérdida de vigencia integral de un grupo de cuerpos normativos de carácter general y abstracto de rango legal, afectados por diversos fenómenos jurídicos de pérdida de vigencia, y derogar, expresa e integralmente, otro grupo de cuerpos normativos, de carácter general y abstracto de rango legal, identificados como depurables”.
Dicho trabajo duró varios años, en los que diferentes entidades del orden nacional determinaron que entre 1864 (cuando se publicó el primer Diario Oficial) y diciembre del 2014 (fecha de corte del proyecto), en el país se habían expedido más de 72.000 normas de carácter general y abstracto.
De estas, 109 correspondían a actos legislativos, 10.686 a leyes y 61.838 decretos, según el proyecto, de las cuales 15.772 era potencialmente depurables, pero después comenzó el trabajo de revisión exhaustiva para determinar cuáles podrían entrar en el barrido final.
Por lo anterior, y atendiendo el pedido del presidente Iván Duque, se dejaron por fuera de esta depuración cerca de 630 normativas de honores, homenajes y reconocimiento, llevando así la cifra final a 10.677, que ahora están a un debate de ser borradas completamente de los sistemas jurídicos del Estado.
Este proyecto podría llegar a buen puerto entre esta y la próxima semana, e incluso tiene el visto bueno de los principales gremios del país, ya que durante los trámites anteriores fue celebrada por los gremios empresariales del país.
Desde la Vicepresidencia Jurídica de la Asociación Nacional de Empresarios, (Andi), expresaron que “la iniciativa legislativa es muy importante al contribuir a la seguridad jurídica u la simplicidad para el desarrollo empresarial del país”, según se lee en el informe de ponencia.
En este documento también se detalla que la delegada del Consejo Gremial Nacional, Catalina Chamorro, manifestó que el proyecto “resulta muy importante para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo empresarial”, además resaltó que “debe garantizarse el principio de publicidad y garantizar los derechos adquiridos de las personas que pueden ser afectadas con la expulsión de las normas”.
BORRÓN INSTANTÁNEO
El sector de Hacienda y Crédito Público sería el de mayor barrido, pues cuatro de cada 10 normas que se eliminarían con esta ley serían de dicha rama, seguido del sector Interior (11%), Transporte (8%), Justicia (7,9%), y Defensa, Función Pública, Trabajo, Educación, Planeación y Agricultura con el 31% restante.
Este trabajo busca, además, darle un aire nuevo al ordenamiento jurídico nacional, si se tiene en cuenta que aún carga normas anacrónicas o sin vigencia constitucional.
Por obsolescencia, por ejemplo, saldría una ley sobre construcción de lazaretos (recintos sanitarios del siglo antepasado); otra que permitía matar langostas, en caso de que estas “invadieran las regiones” y una más que dictaba reglas de ordenamiento territorial en Panamá (cuando aún hacía parte del país).
Otro grupo de iniciativas vería su final debido al cumplimiento de sus objetivos, entre las que se encuentran una ley que ordenaba el pago de una deuda de la Nación contraída con el Estado soberano de Panamá, otra con la que se conmemoró el centenario de Colombia y una más que concedía recompensas en el año 1890.
En total son seis los grupos de decretos y leyes los que agrupan las normativas potencialmente eliminables, entre los cuales también están aquellas que van en contravía de la Constitución. Entre estas se encuentra un decreto “por el cual se toman unas medidas para impulsar la colonización en las regiones del Amazonas, Caquetá y Putumayo”, y una ley de 1958, que creó el Instituto Nacional de Reeducación y Reducción de Niños Anormales.
Como estos hay otros miles de ejemplos que dan cuenta de la seguridad jurídica que se desea generar, además de que se busca “fomentar la cultura de la legalidad”, tal y como concluye el informe de ponencia del proyecto.
Su plazo final para aprobarse es el 20 de junio, con lo cual, si el presidente Iván Duque la sanciona, se convertirá en Ley de la República y comenzaría a regir en ese mismo momento, y la depuración final sería tarea del Gobierno Nacional.